El otro día hablaba de que ha quedado demostrado que penas más duras, no suponen una disminución de le delincuencia sino que en ocasiones es todo lo contrario, por eso hablaba de la importancia de la empatía como valor disuasorio para los infractores y sobre todo para lograr una mayor cohesión social entre todos los miembros de la comunidad.Y es que realmente la fuerza disuasoria que conlleva el aumento de las penas (y que está destinada a que tanto el infractor actual como los futuros no cometan nuevos crímenes) no funciona a no ser que este ofensor se ponga a pensar acerca de las probabilidades de ser “pillado” calcule que el riesgo es alto y sabiendo cual es el castigo tenga miedo. Si alguna de estas condiciones falla y se comete un delito entonces puede ser cuando surjan los problemas:
1º La amenaza que estaba destinada a disuadirlo de cometer el hecho delictivo hará que quiera escapar del castigo. Intentará negar los hechos, minimizarlos e incluso estará dispuesto a hacer cualquier cosa por muy “cruel” que sea con tal de “librarse” del castigo.
2º Si la pena consiste en prisión, y esta se lleva a cabo esto hará que el infractor sea más propenso a repetir conductas delictivas porque la cárcel rompe con sus relaciones personales, le hace más difícil conseguir trabajo, un lugar donde vivir…. Además durante su estancia en prisión irá desarrollando un sentimiento de ira y venganza, ya que él mismo llegará a sentirse como una víctima del sistema.
El sistema justicia actual establece la culpa e impone el castigo a través de un proceso entre el estado y el infractor y en él, la víctima es solamente un mero sujeto pasivo (un testigo).Pocas personas se preocupan de si el castigo debe de ser el principal objetivo y mucho menos si las víctimas se sienten amparadas por el sistema de justicia penal . Pero es que además de no tener en cuenta a las verdaderas afectadas por el delito, a las víctimas reales, no se favorece la responsabilización del infractor. Es decir, aunque el infractor tenga miedo al castigo, si tiene que acudir a la justicia tradicional, no solo no va a asumir su delito sino que esta justicia amparará que lo niegue o lo justifique. Ante los tribunales, el infractor no tiene por qué explicar o explorar su comportamiento delictivo. Por el contrario, la justicia tradicional le da toda clase de herramientas para poder negar el delito, justificar su conducta, mentir o engañar. El juicio crea incentivos para reforzar su negación del delito. El infractor ante la denigración que le puede suponer la acusación de la fiscalía suele ser más propenso a justificar el delito.
Los costes del juicio y de las penas afectan a su entorno, lo que sin duda influirá negativamente en el infractor quién se sentirá víctima del sistema y asimismo convertirá a sus allegados en víctimas, al recibir de forma indirecta el castigo que el estado infringe a su pariente por haber cometido un delito. El castigo al infractor conlleva un plus, sus familiares se ven "señalados", puede entrar en prisión y perder su trabajo, su familia se queda sin apoyo económico...en definitiva, el delito cometido y su castigo arrastra a mucha gente del entorno del infractor.
La actitud del infractor durante todo el proceso y si al final es condenado, es pasiva y no positiva. Se limitará a cumplir su condena, sin asumir el daño que causó a otro ser humano ni reconocer que cometió un delito. El proceso de justicia tradicional penal es destructivo y pasivo
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