Una de las cuestiones que siempre me ha parecido más complicadas en el trabajo con la Justicia Restaurativa es cómo conectar con las personas para conseguir que acepten participar en una primera reunión. Me explico: el primer contacto, ya sea por carta o por teléfono, resulta un tanto extraño porque, a pesar de llevar años trabajando con servicios de Justicia Restaurativa, muchas víctimas todavía desconocen que existimos. Por eso, recibir una llamada o una carta ofreciéndoles participar en un proceso restaurativo puede resultarles algo completamente novedoso e incluso desconcertante.
Una primera pregunta sería: ¿cuál es el momento más adecuado para contactar con la víctima y con el infractor? Si el delito acaba de producirse, es posible que la primera reacción de la víctima sea negarse rotundamente. Sin embargo, el paso del tiempo puede modificar su disposición, una vez que las primeras emociones, como la ira, la humillación o el deseo de venganza, hayan podido dar paso a otras necesidades y reflexiones.
Otra cuestión fundamental es: ¿qué debemos decir en ese primer contacto? La experiencia me ha demostrado que conviene explicar lo esencial para despertar su interés y facilitar que acepten una reunión preliminar. El teléfono es un medio frío y resulta complicado explicar en unos minutos un proceso tan amplio y complejo como la Justicia Restaurativa. Intentar describirlo por completo puede generar más confusión que claridad. El objetivo de esa primera llamada no debería ser convencer a nadie, sino ofrecer la posibilidad de mantener una reunión en la que puedan conocer mejor el proceso, plantear sus dudas y hablar de las consecuencias del delito y de lo que necesitan de cara al futuro.
EL PRIMER CONTACTO: NO SOMOS COMERCIALES, SOMOS FACILITADORES
No somos comerciales ni estamos intentando vender nada. Somos facilitadores que ofrecemos una oportunidad para que las personas afectadas por el delito puedan encontrar una respuesta más satisfactoria a sus necesidades. Por eso, en ocasiones, lo mejor que podemos hacer es dejarles tiempo para pensar, reflexionar y decidir libremente.De ahí que me oponga radicalmente a la práctica, bastante frecuente, de establecer límites temporales rígidos para participar en procesos restaurativos. ¿Y si la víctima necesita tiempo para decidir qué quiere? ¿Y si inicialmente ambas partes se niegan a participar y, una vez que han avanzado en el proceso penal tradicional, descubren que necesitan algo diferente?
Cada persona es distinta y cada víctima y cada infractor tienen sus propios tiempos, circunstancias y necesidades. Trabajamos con personas, con sentimientos y con experiencias de sufrimiento, y eso exige flexibilidad y capacidad para adaptarnos a cada situación.
La Justicia Restaurativa no es una panacea, pero sí ha venido a cubrir algunas de las carencias de la justicia tradicional. Una de ellas es precisamente la falta de humanidad que puede generar un sistema excesivamente rígido y burocrático, sometido a plazos y procedimientos tasados. En ocasiones, esa rigidez nos hace olvidar que detrás de cada delito hay seres humanos que sufren, no simplemente un número de expediente.
Por eso, si verdaderamente queremos trabajar desde un enfoque restaurativo, debemos cuestionar los protocolos que establecen plazos demasiado rígidos para que una víctima acepte participar, transcurridos los cuales pierde definitivamente esa posibilidad. No podemos convertir la rapidez administrativa en un criterio que prevalezca sobre las necesidades de las personas.
Para una víctima puede resultar sencillo decidirse desde el primer momento, mientras que otra puede necesitar mucho más tiempo. La vivencia del trauma y la manera de afrontar sus consecuencias son diferentes en cada persona. Deberíamos ser capaces de estar disponibles cuando nos necesiten, sin imponerles un calendario que no tiene por qué coincidir con su proceso personal.No me puedo imaginar diciéndole a una víctima: «Lo siento, ya no puede participar porque ha transcurrido el plazo». ¿El plazo de qué? La persona afectada es ella, no el Estado ni el juzgado. Debemos darle tiempo para decidir y, si durante la fase de instrucción no ha sido posible iniciar un proceso restaurativo, no deberíamos descartarlo automáticamente porque el infractor haya sido condenado o se encuentre cumpliendo una pena de prisión. Siempre que existan las condiciones necesarias, las garantías de seguridad y la voluntariedad de los participantes, puede seguir teniendo sentido ofrecer esa oportunidad.
Lo verdaderamente importante es estar disponibles para quienes han sido tocados por el delito, cuando lo necesiten y estén preparados, y no únicamente cuando lo establezcan los tiempos del Estado o del juzgado.
Una vez más, debemos evitar el error de retributizar la Justicia Restaurativa, imponiéndole los mismos ritmos, rigideces y exigencias burocráticas que caracterizan al sistema que precisamente pretende complementar. Porque, si vamos a convertirla en más de lo mismo, para eso ya tenemos nuestra justicia retributiva.
CONCLUSIONES
La Justicia Restaurativa necesita tiempo, pero no cualquier tiempo: necesita respetar el tiempo de las personas. No podemos exigir a una víctima que esté preparada para participar cuando lo considera oportuno la Administración, ni cerrar definitivamente una puerta porque haya transcurrido un plazo administrativo o procesal. La voluntariedad no consiste únicamente en poder decir sí o no, sino también en poder decidir cuándo estamos preparados para hacerlo.
Por supuesto, la flexibilidad no significa ausencia de criterios, ni disponibilidad ilimitada al margen de las garantías legales, la seguridad y las posibilidades reales de intervención. Significa comprender que los procesos restaurativos deben adaptarse a las personas y no al contrario. La Justicia Restaurativa nació para devolver humanidad a la respuesta al delito. No permitamos que los protocolos, las prisas y la burocracia terminen despojándola precisamente de aquello que la hace diferente.
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