INTRODUCCIÓN
A menudo hablamos de la participación de la comunidad en los procesos restaurativos. De hecho, la justicia restaurativa tiene un importante origen comunitario, pues parte de la idea de que el delito no afecta únicamente a la víctima y a la persona ofensora, sino que también puede dañar los vínculos, la confianza y el sentimiento de seguridad de quienes forman parte de la comunidad.Por eso, la participación comunitaria puede contribuir a gestionar mejor las consecuencias del delito, reconocer los daños y asumir responsabilidades que van más allá de las personas directamente implicadas.
Sin embargo, una de las grandes preguntas es cómo involucrar realmente a la comunidad en la justicia restaurativa. En ocasiones, me han dicho que es imposible o demasiado costoso organizar procesos en los que participen otras personas además de la víctima y la persona ofensora. Pero ¿realmente podemos considerar un gasto innecesario dar voz a quienes también sufren las consecuencias del delito? ¿Acaso la comunidad no ve afectada su confianza, su seguridad o sus relaciones cuando se produce un hecho delictivo?
Creo que una de las principales dificultades reside en determinar quién forma parte de esa comunidad y quién debería participar en los procesos restaurativos. La respuesta es fundamental, porque de ella dependerá cómo entendemos la dimensión comunitaria de la justicia restaurativa y cómo hacemos efectiva su participación.




