Del castigo a la reparación

 

INTRODUCCIÓN

Me preocupa observar cómo, a pesar de que tras la comisión de un delito se pone en marcha todo un proceso judicial que concluye con una sentencia, el resultado final rara vez logra cerrar realmente las heridas que el delito ha provocado. Cuando la sentencia declara culpable al infractor, este cumplirá una pena —que en determinados casos puede implicar la privación de libertad— con el objetivo, al menos en teoría, de responder por el daño causado. Hasta ahí, todo parecería responder a la lógica del sistema penal.

Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Incluso después de haber cumplido la pena impuesta por la ley, el infractor continúa “pagando” socialmente por el delito cometido. Para una parte de la sociedad, el tiempo pasado en prisión casi nunca parece suficiente. Cuando recupera la libertad, se enfrenta con frecuencia a un entorno hostil que dificulta enormemente su reintegración y le recuerda constantemente su pasado.

Si observamos esta situación desde una perspectiva neutral, resulta inquietante. El sistema debería esforzarse por transmitir a la sociedad que las penas no son eternas, del mismo modo que tampoco deberían serlo los roles de víctima o de infractor. Sin embargo, en muchas ocasiones las víctimas perciben las condenas como insuficientes. ¿Por qué ocurre esto?

En los delitos más graves, especialmente aquellos en los que se ha perdido una vida, es comprensible que para las víctimas no existan años suficientes capaces de compensar una pérdida irreparable. Pero incluso cuando se dicta una sentencia condenatoria y se cumple la pena correspondiente, muchas víctimas siguen sintiendo que no han obtenido justicia.

Reinserción sin imposición: víctimas, perdón y el uso institucional de la justicia restaurativa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "procedente" la flexibilización del régimen penitenciario del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que desde hace unas semanas puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En su escrito de alegaciones al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el que se muestra a favor de la decisión del Gobierno Vasco, la Fiscalía destaca la participación de Txeroki en talleres de justicia restaurativa, que incluyen contacto directo con víctimas, y certifica "su compromiso serio" de "apoyar a las víctimas del terrorismo" en sus procesos de sanación. Ahora bien, al mismo tiempo la Fiscalía "exige la necesidad del perdón a las víctimas causadas en Francia, como consecuencia de la acumulación de las condenas francesas", según una nota de prensa difundida este martes.

La concesión de permisos penitenciarios a personas condenadas por delitos de terrorismo suele generar una reacción social intensa y polarizada. No es una sorpresa: se trata de crímenes que no solo causan un daño irreparable a víctimas concretas, sino que también dejan una huella profunda en la memoria colectiva. En este contexto, cualquier decisión judicial que apunte a la progresión de grado, beneficios penitenciarios o permisos es observada con lupa, tanto desde el ámbito jurídico como desde el moral.

Esta concesión de beneficios según la noticia se basa en su participación en talleres restaurativos, en la superación de determinados itinerarios de preparación y en su intervención en círculos vinculados a víctimas. A ello se suma una exigencia explícita por parte de los jueces y fiscales : que el condenado pida perdón a las víctimas. Estos elementos, presentados como indicadores de reinserción y responsabilidad, merecen una reflexión crítica más profunda. No tanto para cuestionar el principio de reinserción —pilar esencial del sistema penitenciario— sino para analizar cómo se están utilizando conceptos extremadamente sensibles como el perdón y la justicia restaurativa.

El valor del enfoque restaurativo para una justicia más humana

 LA JUSTICIA TRADICIONAL ES RÍGIDA Y BUROCRÁTICA

Cuando ejercía como juez, una de las partes más difíciles de mi trabajo eran los juicios penales en los que había víctimas. No tanto por la complejidad jurídica del caso, sino por lo que implicaba para las personas que habían sufrido el delito.

Con frecuencia, estas víctimas habían tenido que relatar los hechos en múltiples ocasiones durante el proceso: ante la policía, ante el juez instructor, ante los abogados… Cada vez se veían obligadas a recordar el dolor vivido y a revivir el trauma. Y cuando, quizá, comenzaban a superar lo ocurrido, recibían la citación para acudir al juicio oral. Muchas veces habían pasado tantos meses —o incluso años— que casi habían logrado dejar atrás lo sucedido.

Estos eran, sin duda, los casos que más me costaba afrontar. Y la situación se volvía aún más difícil cuando las víctimas acudían al juicio acompañadas por sus familiares o allegados. Personas que también habían sufrido las consecuencias del delito y del proceso penal, víctimas indirectas que, sin embargo, apenas tienen cabida dentro del sistema judicial, salvo que hayan sido testigos de los hechos.

¿Por qué me resultaba especialmente duro?

Porque era consciente de que muchas víctimas acudían al juicio con expectativas muy distintas de lo que realmente iba a ocurrir. Pensaban que allí podrían desahogarse, que tendrían la oportunidad de ser escuchadas. No solo para explicar cómo sucedieron los hechos, sino también para expresar cómo se sintieron cuando sufrieron el delito, cómo ha cambiado su vida desde entonces y qué necesitarían para poder reconstruirla.

La justicia restaurativa como respuesta a la deshumanización del sistema penal

 INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, quienes trabajamos en el ámbito de los juzgados olvidamos una realidad fundamental: los tribunales existen para los ciudadanos. Son las personas comunes las que acuden a ellos con la esperanza de que su problema encuentre una solución. Sin embargo, una vez que entran en la maquinaria judicial, todo pasa a ser gestionado por profesionales y, paradójicamente, quien menos información tiene sobre la evolución de su propio problema suele ser quien más directamente está afectado: el ciudadano.

Esta situación se hace especialmente evidente en la justicia penal. Con frecuencia, la víctima termina siendo quien menos es escuchada y quien tiene menos participación en un proceso que, en última instancia, gira en torno a un hecho que le ha afectado de manera directa y profunda.

Por ello, me gusta hablar con las personas sobre su visión de la justicia. Y lo cierto es que sus opiniones rara vez me dejan indiferente. La generalizada insatisfacción de los ciudadanos con el sistema judicial no es casual. Es, en gran medida, el reflejo de una justicia que muchas veces carece de empatía hacia quienes acuden a ella buscando soluciones. A esto se suma un exceso de formalismos y burocracia que la convierten en un sistema frío, distante, poco adaptado a la realidad y, en demasiadas ocasiones, incomprensible para el ciudadano común.

Justicia restaurativa, más allá del perdón

 INTRODUCCIÓN

Cada vez es más frecuente asociar la Justicia Restaurativa con el hecho de pedir perdón y perdonar. Se trata de una confusión muy habitual. De hecho, cuando algunas personas se preparan para participar en un proceso restaurativo, suelen preguntarme: “¿Tengo que perdonarlo?”. Siempre les respondo lo mismo: eso depende exclusivamente de ellas. No están ahí para perdonar, sino para dialogar, escuchar y contar su historia. Si después desean perdonar —o no hacerlo— será una decisión personal, libre y legítima.

Sin embargo, en ocasiones se transmite desde ciertos ámbitos académicos o desde la prensa la idea de que, con esta justicia, las partes “se perdonan y listo”. Este enfoque simplista entraña un riesgo evidente: pensar que se pretende olvidar el delito o actuar con indulgencia hacia el infractor. Nada más lejos de la realidad. En los delitos graves —especialmente aquellos con resultado de muerte o lesiones muy graves— el proceso judicial no se evita. Por eso resulta importante aclarar por qué el perdón no es el objetivo de la Justicia Restaurativa.

La cuestión esencial, en mi opinión, es la siguiente: ¿qué repara más a la víctima: un simple “lo siento” o el reconocimiento claro de los hechos cometidos y del daño causado?

Para responder a esta pregunta, recuerdo esas discusiones que muchos hemos tenido con hermanos cuando éramos pequeños. Nuestra madre intervenía y decía: “Pediros perdón”. Y, aún con recelo, lo hacíamos, aunque por dentro pensáramos: “Yo no he tenido la culpa”. Ese perdón impuesto rara vez implicaba un verdadero reconocimiento de responsabilidad.

La Justicia Restaurativa como camino de sanación: más allá del encuentro víctima-infractor

 INTRODUCCIÓN

Aún hoy sigue siendo importante entender que la justicia restaurativa no es solo una reunión víctima-infractor. El alcance y la comprensión de los delitos, así como la manera en que impactan en cada persona, son muy diferentes, por lo que deben existir diversas posibilidades o procesos que se adecuen a las necesidades de cada víctima.

Existen casos en los que quién es la víctima, quién el infractor y cómo se puede reparar el daño está totalmente claro. Sin embargo, esto no siempre es así. Puede ocurrir que alguien se sienta victimario sin serlo realmente o que las víctimas vayan más allá de quienes teóricamente han sufrido un daño directo.

Cada parte, cada víctima y cada infractor deben encontrar su propio camino restaurativo, aquel que les permita “curar” las heridas que el delito ha dejado. Generalmente, las heridas surgen en la víctima, pero ¿alguien puede dudar del impacto que el delito puede tener también en el infractor y, sobre todo, en su entorno más cercano?

Abordar el porqué del delito no significa justificarlo, sino comprender cómo y por qué ocurrió. Esto resulta esencial para prevenir futuras acciones similares, aprender de los errores y, sobre todo, fortalecer a la comunidad y proteger a posibles víctimas.

Justicia restaurativa: sanar el daño y reconstruir la comunidad

 

(imagen propiedad de Virginia Domingo)

La imagen nos invita a mirar el daño no solo como una herida individual, sino como una grieta que atraviesa a toda la comunidad. Nos recuerda que cuando alguien sufre, el impacto no se queda encerrado en una sola persona: se expande, toca relaciones, confianzas y la sensación colectiva de seguridad. Esta perspectiva despierta empatía, porque nos obliga a reconocer que sanar no es un acto solitario, sino un camino compartido.

También es profundamente esperanzadora al señalar que las obligaciones surgidas del daño no recaen únicamente en quien lo provocó, sino en la sociedad entera. Esto enseña que la justicia restaurativa no busca castigar por castigar, sino responsabilizar para reconstruir. Hay una lección pedagógica poderosa aquí: todos tenemos un papel en reparar el tejido social, ya sea escuchando, acompañando o transformando las condiciones que permitieron el daño.

El carácter inclusivo y participativo del proceso resalta una verdad humana fundamental: nadie sana en silencio absoluto. Involucrar a víctimas, responsables y comunidad abre espacios para la comprensión, el reconocimiento del dolor y la posibilidad real de cambio. Emociona pensar que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades para crecer, aprender y restablecer vínculos.

Finalmente, la idea de “enmendar los daños y revertir las consecuencias” transmite una afirmación: no se trata de olvidar lo ocurrido, sino de transformarlo. Enseña que la reparación auténtica no borra el pasado, pero sí puede darle un nuevo significado, donde el sufrimiento se convierte en semilla de conciencia, responsabilidad y humanidad compartida.

Multirreincidencia y justicia restaurativa: entre el castigo y la reparación

 Hace unos días se aprobó la ley de multirreincidencia. La Ley de multirreincidencia tiene el objetivo de endurecer algunos puntos del Código Penal con respecto a los delitos y hurtos de personas reincidentes. Este supone un endurecimiento claro de las penas con respecto a ciertos delitos. Los delitos especialmente afectados son el delito de hurto del articulo 234 y el 235 que crea un agravante específico para el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales, de modo que el robo de estos aparatos pasa de ser considerado delito leve a un delito que puede comportar penas de entre uno y tres años de prisión. el hurto será agravado si la persona ha sido condenada al menos tres veces por delitos menos graves o graves del mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza. También se redefine el concepto de reincidencia (artículo 22) y se ajustan las reglas de determinación y suspensión de penas (artículos 66 y 80) para garantizar coherencia con los nuevos supuestos agravados.

Esta reforma resulta especialmente llamativa porque supone un claro retorno al punitivismo entendido como principal herramienta para disuadir la delincuencia, una estrategia que, sin embargo, ha demostrado en numerosas ocasiones su escasa eficacia. Sorprende, además, que un gobierno que se presenta como defensor de la justicia restaurativa impulse medidas de este tipo, profundamente alejadas de sus principios. Del mismo modo, resulta difícil de comprender que algunos colegios de abogados que promueven públicamente procesos restaurativos respalden una reforma que difícilmente contribuirá a reducir los delitos, que no aborda las causas que los originan y que previsiblemente provocará un incremento de la población penitenciaria.

EL ENDURECIMIENTO PENAL Y LOS LÍMITES DEL PUNITIVISMO

Cuando se aprueba una ley de este tipo, con frecuencia responde al intento de satisfacer la demanda de una sociedad que, ante el aumento de la delincuencia, percibe el endurecimiento de las penas como la única solución posible. Es comprensible que la ciudadanía tienda a apoyarse en el castigo como respuesta inmediata, porque apenas se le ofrecen otras herramientas para entender y abordar el fenómeno delictivo. Sin embargo, los poderes públicos conocen sobradamente que las políticas más eficaces para reducir la criminalidad no son las punitivas, sino aquellas centradas en la prevención, la inclusión social y la reinserción. La experiencia demuestra que el aumento de las penas rara vez se traduce en una disminución de los delitos; en ocasiones, incluso produce el efecto contrario. Continuar leyendo: lawandtrends

Más que castigo la justicia restaurativa

 

INTRODUCCIÓN

No sé si esta forma de pensar responde a un exceso de optimismo, pero comparto con Rousseau la idea de que el ser humano no es malo por naturaleza. Desde esa convicción creo firmemente que es posible —al menos para muchos infractores— transmitir valores restaurativos como la empatía. No con el objetivo de moralizar ni de justificar conductas, sino para lograr algo mucho más profundo: que no vuelvan a delinquir no por el miedo a ser capturados y castigados por la ley, sino porque han comprendido que su acción ha causado un daño real a otro ser humano y no desean repetirlo.

Siguiendo a Thomas Kuhn, el verdadero cambio no se produce cuando se refuerza un paradigma mediante la amenaza, sino cuando se transforma la forma de comprender la realidad. Para muchos infractores, descubrir que el delito no es una abstracción jurídica sino un daño concreto infligido a una persona con nombre, historia y sufrimiento es un auténtico punto de inflexión. Y ese descubrimiento se ve claramente potenciado a través de los procesos de justicia restaurativa.

Es cierto que no todas las personas estarán dispuestas a recorrer ese camino. No todos podrán, ni todos querrán. Pero estoy convencida de que muchos sí. De hecho, numerosos estudios muestran que una parte significativa de los infractores cosifica a sus víctimas: no ve al ser humano que hay detrás del delito. En otros casos, lo que hacen es justificar su conducta o minimizarla, amparándose en la idea de que las víctimas “no lo son tanto” o de que el daño causado “no ha sido tan grave”. Estas narrativas no surgen de la nada: se consolidan, en buena medida, en el propio proceso penal tradicional.

Más allá de la sentencia

 INTRODUCCIÓN

Cuando fui juez, al inicio de mi carrera me generaba una enorme inquietud la idea de tener que decidir sobre cuestiones para las que, en muchas ocasiones, sentía que sabía muy poco. Me repetía que debía limitarme a valorar las pruebas y aplicar la ley, pero aun así el peso de la decisión resultaba abrumador. Con el tiempo comprendí algo que, aunque evidente, no deja de ser duro de aceptar: hiciera lo que hiciera, aproximadamente la mitad de las personas implicadas se marcharían satisfechas y la otra mitad profundamente decepcionadas. Y es que así funcionan los conflictos: rara vez nos planteamos que quizá no tenemos razón, y esa convicción tan arraigada es la que nos lleva, casi de manera automática, a acudir a los tribunales.

Resulta curioso —y revelador— que depositemos la resolución de nuestros problemas más íntimos en manos de un tercero completamente ajeno a nuestra historia, a nuestras emociones y a nuestras relaciones. En muchos casos, sin duda, la intervención judicial es necesaria e inevitable. Pero en otros, como sucede en un divorcio contencioso, cabe preguntarse con honestidad si realmente es la mejor opción que sea un juez quien decida, por ejemplo, cuántos días pasarán los hijos con cada progenitor. Difícilmente puede serlo. Por eso la mediación, y en otros supuestos la justicia restaurativa  —que no son lo mismo—, se presentan como alternativas mucho más humanas y adecuadas.

En el ámbito penal esta realidad no mejora, sino que se agrava. El proceso penal tradicional implica siempre la existencia de una víctima, y no pocas veces esas víctimas acaban sintiéndose más dañadas por el propio sistema que por el delito inicial. Son interrogadas una y otra vez, obligadas a recordar el dolor sufrido, a revivir el trauma en cada declaración. Y cuando quizá comenzaban a reconstruir su vida y a dejar atrás lo ocurrido, reciben la llamada para acudir al juicio, a veces años después, cuando creían haber cerrado —o al menos entornado— esa herida.