INTRODUCCIÓN
Uno de los principios fundamentales de la justicia restaurativa es el empoderamiento. Aunque este valor beneficia a todas las personas afectadas por el delito —víctima, infractor y comunidad—, adquiere una especial relevancia respecto de las víctimas. No es casualidad. Quien ha sufrido un delito suele experimentar una pérdida de control sobre su propia vida que va mucho más allá del daño material o físico sufrido.
Rappaport definía el empoderamiento como la capacidad de las personas para recuperar el control sobre sus propias vidas. En sus palabras, no debemos concebir a las personas "como niños con necesidades o simples ciudadanos con derechos que deben defenderse por un agente externo, sino como seres humanos integrales que tienen derechos y necesidades y que son capaces de tomar el control de su vida". Esta idea resume perfectamente una de las mayores diferencias entre la justicia restaurativa y el funcionamiento tradicional del proceso penal.
Tras el delito, la víctima ve alterada su vida. Pero, paradójicamente, cuando su caso entra en el sistema judicial, esa pérdida de control suele intensificarse. A partir de ese momento son otros quienes toman decisiones, gestionan el procedimiento e incluso interpretan qué es lo mejor para ella. Sin pretenderlo, el sistema termina desplazando a quien debería ocupar el centro del proceso.La justicia restaurativa propone un cambio de perspectiva: devolver a las víctimas la capacidad de participar activamente en aquellas decisiones que afectan a su recuperación.









