A pesar de que tradicionalmente se afirma que el ser humano es un ser racional, la realidad demuestra que nuestras decisiones rara vez responden únicamente a la lógica. Somos una combinación de emociones, intuición y razón. Por ello, el componente emocional no puede quedar al margen de nuestra vida cotidiana y, mucho menos, cuando se produce un delito.
Es evidente que el Derecho y los sistemas jurídicos son imprescindibles para garantizar la convivencia y la seguridad. No pretendo cuestionar la importancia del Derecho Penal, sino señalar que, con demasiada frecuencia, este deja de lado la dimensión humana y emocional del conflicto para centrarse exclusivamente en su vertiente jurídica.Vivimos en comunidad y nuestras acciones afectan inevitablemente a los demás. Esa convivencia implica asumir responsabilidades. Cuando una persona causa un daño, debería existir no solo la obligación de responder jurídicamente por él, sino también el deber moral de reconocerlo, repararlo y esforzarse por hacer lo correcto.
Sin embargo, muchos sistemas penales están construidos sobre un modelo centrado principalmente en los derechos procesales y no en la verdadera asunción de responsabilidades. Un ejemplo de ello es que, con independencia de que el infractor termine siendo declarado culpable o inocente, el sistema articula un amplio catálogo de garantías procesales, necesarias en un Estado de Derecho, pero que en ocasiones reducen el espacio destinado a fomentar una auténtica responsabilización por el daño causado.
