Estos días me estoy dando cuenta la realidad que estamos viviendo, en estos temas de Justicia Restaurativa, por un lado todo el mundo parece apoyarla, pero finalmente lo que hay es muchas reticencias sobre ella y pocas ganas de invertir en ayudar a las víctimas.
Cuando se aprobó la directiva europea sobre víctimas, y el por aquel entonces Ministro de Justicia de España, comentó su voluntad de implementarla cuanto antes, pensé que mucho iba a mejorar las cosas para los que nos dedicamos a la Justicia Restaurativa. Sin embargo, el tema sigue parecido, mientras en países como Inglaterra se invierte en atención a las víctimas y en más justicia restaurativa, en España tenemos una bonita ley, que se llama Estatuto de la víctima pero poco más.
Por supuesto, que por fin se habla de Justicia Restaurativa, y de servicios como tal, lo que echaría por tierra, la costumbre habitual de encargar a un colegio profesional estos menesteres, pero por otro lado, el legislador que sigue confuso, en el mismo Estatuto confunde de nuevo los conceptos y habla de este proceso de mediación.
Y el problema es mucho más complejo y terrible, digo terrible, porque es necesario que se sepa que en España, hay Comunidades autónomas que son de primera y otras que somos de segunda clase. Me explico, durante años nos han negado requisitos básicos como espacio fijo y financiación porque no había una norma que nos amparara, así mientras Comunidades con competencias en justicia, lo conseguían al no depender del gobierno central, nosotros agudizabamos el ingenio para continuar prestando el servicio, a base de convencer a jueces y fiscales, y con pequeñas subvenciones.Nuestra servicio es igual de bueno que otros, pero si sufrimos muchas más carencias para lograrlo.
Esto teóricamente iba a cambiar de forma radical, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se había propuesta crear una Oficina Interprovincial de asistencia a las víctimas que siguiendo los postulados y el espíritu del Estatuto de la víctima iba a incorporar también justicia restaurativa, era una oportunidad única de dar más oficialidad y estabilidad a nuestro Servicio y de poder llegar a más víctimas. Todo esto era algo pionero en España, pero pronto otras Comunidades manifestaron su voluntad de hacer lo mismo, comunidades con competencias en justicia. ¿Os preguntaréis que ha pasado con todo esto?
Pues que gracias a que dependemos del Gobierno central, del ministerio de Justicia se ha ido paralizando durante más de un año esta Oficina, que además no hacía otra cosa que dar cumplimiento a una ley que es de obligado cumplimiento para España porque transpone una directiva. Pero además, ahora se nos dice que la Justicia Restaurativa no puede estar en una oficina de asistencia a la víctima. Se nos ha puesto mil excusas, primero que estaba prohibido expresamente, como obviamente no es cierto, ahora se dice cosas extravagantes como que de la interpretación de la ley se deduce esto. Y lo más triste es que todo es para no aportar dinero, y que se va a dar la paradoja sino esto no cambia, que habrá Comunidades autónomas con competencias en justicia, que tengan esta oficina con justicia restaurativa y otras como la nuestra, por depender del Ministerio no tendremos, y en ambos casos la ley es la misma. Esto no es sino un despropósito y una grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, puesto que habrá víctimas que tengan acceso a una oficina integral que la va a asesorar en todos los extremos, que contempla la ley y otras que por estar en otro lugar, no lo van a tener tan fácil o asequible.
El estatuto de la víctima habla de oficina de asistencia a la víctima y de servicios de justicia restaurativa,y de ahí deducen el Ministerio que deben ser algo diferente, por supuesto, que cuando asesoramos al ministerio de justicia en esta norma, nuestro interés, fue en que se diferenciara, ¿por qué? porque supusimos que por ahorrar dinero, el ministerio iba a pretender que la justicia restaurativa se ofreciera por las personas que ya había en las oficinas de asistencia a la víctima, cuando obviamente deben ser gente preparada, pero una vez hecha la diferencia ¿qué problema hay que ambos servicios coexistan en una macro oficina de atención integral a las víctimas?....No hay ningún problema, el hecho es que se habla de mediación, mediación penal, justicia restaurativa pero con la boca pequeña, cuando luego se debe apostar por ello, la mayoría de las veces...no se hace. No sé si es falta de creencia real en la justicia restaurativa o falta de ganas de dar dinero, pero realmente si no se va a dar cumplimiento a una norma, que es de obligado cumplimiento, lo deseable sería que no se hiciera, y sino es hora de que nos movamos y reclamemos una verdadera apuesta por justicia restaurativa, menos convenios que luego no van a surtir efectos, menos fotos, menos protocolos y más apuesta real por la práctica de la justicia restaurativa. Y dicho esto, ya es hora, de que la gente en general entienda que Justicia Restaurativa no es mediación, que mediación penal no es igual que mediación y que la Justicia Restaurativa es mucho más que ciertas metodologías. Espero que esto no quede así y al final vuelva la cordura al Ministerio, pero lo cierto es que mientras en otros países la lógica impera aquí parece que las víctimas no interesan tanto, y mucho menos mejorar la justicia.
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