Con frecuencia escuchamos afirmar que “no hay justicia”. Y, en cierto modo, es lógico que así sea, porque la justicia afecta directamente a la ciudadanía y a todos los miembros de la comunidad. Cuando una persona sufre un delito acude al sistema penal esperando encontrar una respuesta adecuada a sus necesidades, imaginando que, como afectada directa, tendrá un papel protagonista en el proceso.
Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Muchas víctimas descubren que apenas participan de manera significativa en aquello que más profundamente ha impactado sus vidas. El proceso penal tradicional convierte a menudo a las personas afectadas en meros observadores de un conflicto que les pertenece emocional y vitalmente, pero que acaba siendo gestionado casi exclusivamente por profesionales y estructuras institucionales.
Nuestro sistema penal se ha sostenido históricamente sobre una concepción esencialmente retributiva de la justicia, donde el delito es entendido principalmente como una ofensa contra el Estado y donde la respuesta se centra en el castigo del infractor. En este modelo, la justicia parece pertenecer a jueces, fiscales, abogados y procedimientos, mientras que las víctimas y la comunidad quedan relegadas a un papel secundario.
Por ello, resulta necesario un cambio profundo o, más aún, una verdadera transformación en la manera de entender la justicia. La Justicia Restaurativa surge precisamente como una corriente filosófica y práctica que busca transformar el sistema penal tradicional, reconociendo que el delito provoca daños reales no solo a las víctimas directas, sino también a la comunidad en su conjunto. Desde esta perspectiva, la persona infractora debe asumir responsabilidad por sus actos y tener la oportunidad de reparar el daño causado. Pero, al mismo tiempo, las víctimas y la comunidad deben recuperar un papel activo en la búsqueda de respuestas, reparación y reconstrucción de los vínculos dañados.El paso de la Justicia Retributiva a la Restaurativa supone, en definitiva, transformar el papel del Estado: deja de ser el único protagonista para convertirse en un colaborador o socio de la comunidad en la gestión del conflicto y en la reconstrucción del tejido social.
