INTRODUCCIÓN
En el mundo en el que vivimos, todos —o casi todos— somos conscientes de nuestros derechos. Sin embargo, en pocas ocasiones queremos reconocer que todo derecho lleva aparejada una responsabilidad. Esto implica aceptar que, como seres humanos, podemos cometer errores, pero también que cuando hacemos algo incorrecto existe un deber moral —o, si se prefiere, una responsabilidad— de intentar mitigar, compensar o reparar el daño que hemos causado.
Esta es una regla lógica de la vida en sociedad. Vivimos en comunidad y, por tanto, nuestras acciones afectan inevitablemente a los demás, para bien o para mal. De la misma manera que lo que yo hago puede perjudicar o beneficiar al grupo, las acciones de otros también repercuten en mi vida. Esta interconexión es precisamente lo que sostiene los vínculos sociales.
Por ello, cuando alguien causa un daño, resulta necesario intentar compensarlo para que el impacto negativo sobre el grupo sea el menor posible. En otras palabras, para que los lazos sociales que nos unen no se rompan por completo.
Esto es, precisamente, lo que busca la justicia restaurativa: promover la responsabilización del infractor por su conducta y, a partir de ese reconocimiento, impulsar su voluntad de hacer lo correcto y reparar el daño causado.
