El nuevo decreto, que sustituirá al del año 2010, establece que también se podrá proponer la medida del traslado definitivo de centro educativo en el caso de que el alumno o alumna realice alguna conducta que implique el maltrato entre iguales o violencia contra las mujeres o lleve a cabo cualquier agresión especialmente grave a cualquier miembro de la comunidad educativa. “Esta medida va encaminada a proteger a las víctimas de situaciones graves o de acoso y facilitar las actuaciones encaminadas a restaurar el estado emocional de las víctimas en su contexto más cercano y conocido”, explican desde Educación.
Esta noticia resulta especialmente sorprendente tratándose de una comunidad autónoma que se ha definido a sí misma como restaurativa y que, además, ha presumido en numerosas ocasiones de ser la única que cuenta con una ley de justicia restaurativa. Por eso inquieta comprobar que, ante un problema tan complejo como el acoso o el maltrato entre iguales, la respuesta propuesta vuelve a ser la de siempre: el castigo ejemplar. Uno esperaría que quienes se presentan como referentes en justicia restaurativa tuvieran claro que la convivencia escolar exige avanzar hacia otro tipo de intervenciones. Intervenciones que no se limiten únicamente a sancionar o apartar a quien ha causado el daño, sino que busquen también comprender lo ocurrido, atender las necesidades de las víctimas y promover procesos de responsabilidad que permitan reparar el daño y, sobre todo, prevenir que la violencia vuelva a repetirse en el futuro.
LA RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y LA OPCION DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA
Cuando en los centros educativos se produce una situación grave de acoso o violencia entre iguales, la reacción más frecuente de los sistemas disciplinarios ha sido históricamente el castigo. Expulsiones temporales, traslados de centro o incluso expulsiones definitivas aparecen como medidas destinadas a enviar un mensaje claro: determinadas conductas no son toleradas.
Sin embargo, cabe preguntarse si estas respuestas realmente cumplen los objetivos que dicen perseguir. Es cierto que pueden tener un efecto inmediato de protección para la víctima, especialmente cuando se separa físicamente al agresor. Pero la pregunta más importante es otra: ¿contribuyen estas medidas a que la violencia no vuelva a repetirse?
El castigo puede detener temporalmente una conducta, pero raramente promueve un aprendizaje profundo sobre el daño causado.
A menudo el estudiante sancionado vive la medida como una injusticia o como una imposición externa, lo que refuerza dinámicas de resentimiento o desconexión con la comunidad educativa.
Además, en contextos escolares, expulsar o trasladar a un alumno no significa necesariamente resolver el problema. En muchos casos lo único que ocurre es que el conflicto se traslada a otro centro o se agrava la desvinculación del estudiante con el sistema educativo.
Si el objetivo de la educación es formar ciudadanos responsables y capaces de convivir, resulta legítimo preguntarse si las respuestas disciplinarias tradicionales están alineadas con esa finalidad. Y me parece increíble que una Comunidad donde su ley incluye practicas restaurativas para regular la convivencia, sea la medida de expulsión la respuesta que más adecuada han encontrado. Continuar leyendo en : lawandtrends
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