lunes, 24 de mayo de 2021

Pena, proceso penal y justicia restaurativa

 


(imagen propiedad de Virginia Domingo)

La pena puede verse como la forma que tiene el sistema de reparar al estado por la vulneración de la norma creada por el estado, también es la forma que tiene de mostrar solidaridad con la víctima. Asimismo, el estado garantiza un juicio justo y ajustado a derecho lo cual no implica que se haga justicia, ya que uniformiza la respuesta que se da a todos los casos, no individualiza la respuesta teniendo en cuenta el grado de responsabilización de la persona ofensora ni de reparación del daño a la víctima, ni siquiera escucha a la víctima para decidir cual es la mejor reparación. 

Una verdadera justicia hace que las personas cambien, y por el hecho de imponer una pena que cuando es privativa de libertad lleva al aislamiento no se van a producir cambios sustanciales, más allá de que el penado vea la justicia como poco legítima precisamente por esta falta de individualización. 

Por eso, la justicia restaurativa se centra en las necesidades de los afectados y da la oportunidad de hacer lo correcto.

2 comentarios:

  1. “Una verdadera justicia hace que las personas cambien, y por el hecho de imponer una pena que cuando es privativa de libertad lleva al aislamiento no se van a producir cambios sustanciales, más allá de que el penado vea la justicia como poco legítima precisamente por esta falta de individualización”.
    Es más, en general, si los cambios sustanciales se producen, serán en sentido contrario al intentando. Los presos suelen empeorar en vez de mejorar. Y, desde ya, se resienten y suelen también ver, efectivamente, a la justicia que los encarcela, como carente de legitimidad.
    Es por ello que la justicia restaurativa debería, ante todo, bregar porque se sustituya, aunque sea paulatinamente, la pena de encierro por penas verdaderamente restaurativas, es decir, reparativas para las víctimas y repersonalizadoras para los infractores.

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  2. Con respecto al tema de sustituir la prisión por condenas a realizar trabajos reparativos o comunitarios en una estricta vigilancia personalizada, apoyada en un monitoreo electrónico, al menos al comienzo, cabe constatar que esto es también problemático si no se adoptan medidas pertinentes.
    Cito, al respecto, un estudio (“La vigilancia electrónica de penados: potencial controlador y efectos psicosociales de su aplicación”, artículo de Lorea Arenas, criminóloga y profesora de la Universidad Loyola, Andalucía, www.academia.edu/36173730/La_vigilancia_electr%C3%B3nica_de_penados_potencial_controlador_y_efectos_psicosociales_de_su_aplicaci%C3%B3n?email_work_card=view-paper), que tuvo como objetivo determinar efectos psicosociales a través del análisis de las percepciones de una muestra representativa de 378 sujetos monitorizados como alternativa al encierro.
    Se trataba de presos con libertad anticipada, bajo arresto domiciliario.
    Los resultados del estudio pusieron de manifiesto que la alternativa tecnológica era mejor acogida que el control tradicional (el encarcelamiento), aunque su empleo producía ciertos efectos negativos, como era el estigma social experimentado por la visibilidad del dispositivo.
    Es verdad que, si el dispositivo de control está a la vista, la estigmatización puede persistir.
    Lo ideal sería un dispositivo subcutáneo invisible. Quizá más caro, pero sin ese problema.
    Leí alguna vez que en México lo usan los millonarios para estar detectados por la policía en caso de secuestro.
    Perfeccionar el sistema puede ser costoso en dinero, pero se ganaría mucho en seguridad si tuviera efectos positivos sobre la recuperación real de los ofensores.

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