En la actualidad, la justicia que predomina en nuestro ordenamiento penal se denomina justicia retributiva —o, más propiamente, punitiva—. Sin embargo, esta etiqueta responde más a lo que el legislador cree que la ciudadanía demanda que a las necesidades reales de las víctimas. Con frecuencia se afirma que las víctimas son especialmente punitivas y que reclaman penas cada vez más duras, pero esa aparente demanda suele nacer de la falta de alternativas que les permitan sentir que se ha hecho justicia.
Amparándose en esa percepción, y como ha sucedido en España, el legislador ha tendido a endurecer las penas y a reformular las leyes para que resulten más severas. No obstante, esta estrategia no se traduce necesariamente en una reducción de la delincuencia ni en menores tasas de reincidencia por miedo al castigo. Por ello, quizá el reto no sea aumentar la dureza de las sanciones, sino humanizar la justicia penal: lograr que las víctimas se sientan escuchadas, que recuperen la confianza en el sistema y, sobre todo, que puedan avanzar en su proceso de recuperación tras el delito.