Una de las grandes virtudes de la Justicia Restaurativa es que no parte de teorías complicadas o alejadas de la realidad, sino de algo mucho más sencillo: el sentido común y aquello que muchas personas entendemos como justo.
Su punto de partida puede resumirse en una idea muy simple: quien ha causado un daño debe hacer lo necesario para repararlo, mitigarlo o compensarlo. No se trata únicamente de castigar a quien hizo algo mal, sino de ofrecerle la oportunidad de hacer las cosas bien a partir de ese momento, asumir lo ocurrido y contribuir activamente a reparar el daño causado.
Esta perspectiva genera un beneficio que el castigo, por sí solo, difícilmente puede conseguir: favorece una responsabilización activa y consciente del infractor.
La Justicia Restaurativa no pretende eliminar las garantías jurídicas de la persona acusada. El proceso penal debe proteger derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo. Pero una cosa es garantizar estos derechos y otra muy diferente conseguir que, cuando exista responsabilidad, la persona infractora comprenda las consecuencias de sus actos y participe voluntariamente en su reparación. Precisamente ahí reside una de las aportaciones más importantes de la Justicia Restaurativa: transformar la responsabilidad jurídica en una responsabilidad también personal y activa, favoreciendo así procesos de cambio y, cuando sea posible, de reinserción.