INTRODUCCIÓN
¿Por qué tendemos a identificar el castigo con la justicia? Ambos términos se utilizan con tanta frecuencia como si fueran equivalentes que, cuando la sociedad reclama "más justicia", en realidad suele estar pidiendo penas más severas. En muchas ocasiones, la palabra justicia se convierte en un eufemismo para referirse al castigo.
Sin embargo, esta identificación plantea una cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando una persona ha sufrido un delito y el autor no ha sido identificado o nunca llega a ser detenido? ¿Debemos concluir que, al no poder castigarse a nadie, tampoco puede hacerse justicia?
La respuesta debería ser negativa. Si aceptáramos esa premisa, estaríamos abandonando precisamente a quienes más necesitan el apoyo del sistema de justicia. La ausencia de un responsable condenado no elimina el daño sufrido por la víctima ni sus necesidades de reconocimiento, información, apoyo o reparación.
Cuando concebimos la justicia exclusivamente como un mecanismo para sancionar al infractor, como tradicionalmente ha sucedido en buena parte de los sistemas penales, solo estamos respondiendo a una parte de las necesidades que genera el delito. Para algunas víctimas, la condena del responsable constituye un elemento importante de su proceso de recuperación. Pero para otras, especialmente cuando el autor es desconocido, no ha sido localizado o incluso cuando sí ha sido condenado, hacer justicia significa algo mucho más amplio. Esto no implica que existan víctimas "buenas", que buscan reparación y diálogo, y víctimas "malas", que desean un castigo ejemplar. Sería una clasificación injusta y simplista. Cada persona vive el delito de una manera diferente y afronta el trauma con necesidades distintas. Precisamente por ello, la respuesta de la justicia no debería ser uniforme, sino capaz de adaptarse a cada situación.
ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
La obligación de un sistema de justicia verdaderamente centrado en las personas consiste en escuchar a las víctimas y ofrecer respuestas acordes con sus necesidades.
No todas necesitan lo mismo. Algunas desean conocer la verdad de lo ocurrido; otras necesitan recibir información, obtener una reparación económica, expresar el impacto del delito, recuperar el control sobre sus vidas o simplemente sentirse tratadas con respeto y dignidad.Es precisamente aquí donde la Justicia Restaurativa adquiere una especial relevancia.
Con demasiada frecuencia se identifica exclusivamente con los encuentros entre víctima e infractor. Sin embargo, la Justicia Restaurativa es mucho más que eso. Constituye una forma de entender la justicia basada en la atención a las necesidades de quienes han sufrido el daño, en la responsabilización de quien lo causó cuando ello sea posible y en la reparación de las consecuencias del delito.
Además, muchas de sus herramientas pueden utilizarse incluso cuando el infractor es desconocido, no ha sido detenido o no puede participar en un proceso restaurativo. El objetivo no consiste únicamente en resolver un conflicto, sino en ayudar a la víctima a recuperar el control sobre su propia historia y dejar de quedar definida exclusivamente por el delito sufrido.
Para iniciar ese proceso resulta esencial que pueda hablar, ser escuchada, expresar sus emociones, recibir información clara y participar activamente en aquellas decisiones que afectan a su recuperación.
La reparación, cuando es posible, constituye otro elemento esencial. Pero reparar no significa únicamente indemnizar económicamente. También implica reconocer el daño, devolver dignidad, ofrecer respuestas y facilitar que la persona pueda reconstruir su proyecto de vida.
DEL MIEDO AL RESPETO
Tras sufrir un delito suelen aparecer sentimientos de miedo, ansiedad, ira, inseguridad, pérdida de control e incluso aislamiento.
La recuperación pasa por transformar progresivamente esas emociones en otras más constructivas: seguridad, respeto, confianza, reconocimiento y capacidad para volver a tomar decisiones sobre la propia vida.
La Justicia Restaurativa presta especial atención a este proceso porque entiende que una víctima no necesita únicamente una sentencia condenatoria. Necesita sentirse respetada durante todo el procedimiento, ser informada, participar cuando así lo desee y comprobar que sus necesidades son realmente escuchadas.
Dar voz a la víctima no significa otorgarle el control sobre la decisión penal ni convertirla en responsable del castigo. Significa reconocer que nadie conoce mejor que ella las consecuencias que el delito ha tenido sobre su vida y que su experiencia merece ser escuchada. Quizá deberíamos preguntarnos si nuestra permanente preocupación por aumentar las penas no nos está haciendo olvidar cuál debería ser la verdadera finalidad de la justicia: atender a las personas que han sufrido el delito.
¿POR QUÉ SEGUIMOS IDENTIFICANDO JUSTICIA CON CASTIGO?
Creo que esta identificación responde, en gran medida, a la propia experiencia que los ciudadanos tienen del sistema penal.
Cuando una persona acude a un juzgado, la respuesta que normalmente encuentra gira alrededor del delito cometido y del castigo que corresponde imponer al infractor. Es lógico, por tanto, que termine asociando justicia con condena.
Si el sistema ofreciera, junto a esa respuesta penal, un conjunto de recursos adaptados a las necesidades de cada víctima, probablemente muchas personas dejarían de centrar todas sus expectativas en el aumento de las penas y comenzarían a valorar otros elementos igualmente importantes: ser escuchadas, recibir información, obtener reparación, recuperar el control sobre sus vidas y sentirse respetadas.
La Justicia Restaurativa no elimina el castigo cuando este resulta necesario. Lo complementa con respuestas que atienden dimensiones que el proceso penal tradicional no siempre alcanza.
UNA INVERSIÓN EN JUSTICIA MÁS HUMANA
También cabe plantearse otra cuestión: ¿por qué los Estados continúan destinando enormes recursos a ampliar infraestructuras penitenciarias mientras los servicios de atención a las víctimas y los programas de Justicia Restaurativa siguen siendo insuficientes en muchos lugares?
No se trata de sustituir las prisiones ni de prescindir de la respuesta penal cuando sea necesaria. La sociedad necesita mecanismos eficaces para proteger a las víctimas y garantizar la seguridad colectiva.
Sin embargo, también resulta razonable preguntarse si una mayor inversión en servicios restaurativos, en atención integral a las víctimas y en programas de reinserción no produciría beneficios sociales mucho más amplios, reduciendo además la reincidencia y aumentando la satisfacción de quienes acuden al sistema de justicia.
Para que ello sea posible, la Justicia Restaurativa debe estar disponible para todas las víctimas, con independencia del delito sufrido. No existen víctimas de primera y de segunda categoría. Todas merecen ser tratadas con el mismo respeto, la misma dignidad y la misma atención a sus necesidades.
CONCLUSIONES
La justicia no puede reducirse al castigo. Aunque la sanción penal cumple funciones esenciales de protección, prevención y reproche social, por sí sola no responde a todas las consecuencias que produce el delito.
Una víctima puede sentirse atendida incluso cuando el autor nunca ha sido identificado, del mismo modo que puede sentirse abandonada pese a que el responsable haya recibido una larga condena. La diferencia radica en si el sistema ha sido capaz de escucharla, reconocer su sufrimiento y ofrecerle los recursos necesarios para recuperar su proyecto de vida.
La Justicia Restaurativa amplía el significado de hacer justicia. No sustituye al sistema penal, sino que lo completa poniendo en el centro a las personas y no únicamente al delito. Su objetivo es que las víctimas recuperen el control sobre sus vidas, que las personas infractoras asuman verdaderamente su responsabilidad y que la comunidad participe en la reconstrucción del daño causado.
Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente cuánto debemos castigar y empezar a preguntarnos cómo podemos reparar mejor. Porque una sociedad verdaderamente justa no es la que solo castiga con mayor severidad, sino aquella que consigue que quienes han sufrido un delito recuperen su dignidad, su autonomía y la confianza para seguir adelante.
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