INTRODUCCIÓN
“Tengo miedo por mi integridad, va a venir a por mí": el PSOE ignoró dos veces a la denunciante de acoso en Andalucía antes de ir a la Fiscalía
Ferraz se saltó su propio protocolo al dejar pasar más de seis meses desde la denuncia sin resolver el caso, que ya investiga el Ministerio Público malagueño”.
En las últimas semanas hemos visto cómo varias mujeres han denunciado supuestos casos de acoso sexual implicando a determinados cargos públicos, y cómo la respuesta institucional no siempre ha estado a la altura de la gravedad de los hechos. Las denuncias no fueron trasladadas a la Fiscalía, argumentándose que corresponde exclusivamente a las víctimas iniciar ese paso. Aunque esta explicación puede tener respaldo jurídico, resulta insuficiente desde una perspectiva de apoyo real a posibles víctimas de delitos tan sensibles, especialmente cuando la propia organización dispone de protocolos contra el acoso y afirma defender principios de igualdad y protección.
Es importante subrayar que esta reflexión no constituye una crítica política partidista, sino un señalamiento a un problema estructural que afecta a múltiples instituciones, entidades y organizaciones, tanto públicas como privadas. Existe una tendencia persistente a invisibilizar o minimizar los casos de violencia sexual y de género, ya sea por temor al impacto reputacional, por falta de formación o por inercias culturales arraigadas. Lo que en ocasiones se ha atribuido a determinadas instituciones —como la Iglesia— se revela, en realidad, como una problemática mucho más extendida en nuestras estructuras sociales y laborales. Continuar leyendo en lawandtrends
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