Cuando pensamos que un infractor merece ir a prisión, solemos imaginar este lugar como un espacio terrible, donde el simple hecho de ingresar constituye ya un castigo en sí mismo. En la mente de muchos aparecen imágenes casi medievales, como auténticas “mazmorras”, especialmente para aquellos delitos que generan mayor reproche y alarma social. Esta reacción responde, en parte, a un impulso lógico y profundamente humano: el intento de mitigar el dolor, la indignación y el miedo que la delincuencia provoca, no solo en las víctimas, sino también en la sociedad en su conjunto.
Tampoco podemos negar que, ante delitos especialmente graves, muchos llegamos a pensar que ciertos criminales merecen incluso la muerte. Y si el daño afectara a nuestros seres queridos, ¿quién no ha dicho alguna vez que “los mataría con sus propias manos”? Sin embargo, es evidente que, si la vida nos colocara realmente ante ese dilema, la mayoría no seríamos capaces de cruzar ese umbral ni de situarnos al mismo nivel que quien causó el daño. Estos sentimientos de ira, de impunidad o de que delinquir “sale barato” surgen, en gran medida, porque no encontramos otras formas de canalizarlos. Nadie nos enseña a transformar emociones negativas —naturales y humanas— en respuestas constructivas que nos ayuden a sanar la herida de la rabia y la indignación.
CAMBIAR LA LENTE CON LA QUE MIRAMOS LA JUSTICIA
Sin embargo, cuando hablamos de delitos e infractores, hay una cuestión fundamental que suele quedar fuera del debate: ¿por qué centramos casi toda la atención en cuánto castigo merece el infractor? Lo verdaderamente importante son las personas que han sufrido el delito, las víctimas, y con demasiada frecuencia quedan relegadas a un segundo plano. ¿Por qué no nos preguntamos, en cambio, cuánto daño puede repararse o mitigarse y de qué manera?
La justicia restaurativa ofrece a las víctimas la posibilidad de transitar de la hostilidad hacia la reconciliación, atendiendo sus necesidades reales, escuchándolas, validándolas y abordando el quebrantamiento que el delito ha provocado en sus vínculos personales y comunitarios. Hostilidad y reconciliación, aunque puedan parecer opuestas, no son más que distintas etapas de un mismo camino hacia la restauración. Al intervenir de este modo, se evita que el dolor se transforme en más violencia, más resentimiento o un deseo creciente de venganza. La reconciliación —que puede darse o no entre víctima e infractor— tiene, ante todo, una dimensión esencial: la reconciliación de la víctima consigo misma, con su familia y con su entorno.
Solo desde ahí es posible recuperar a las víctimas y, en muchos casos, también a los infractores, como personas capaces de aportar de nuevo algo valioso a la sociedad.
BENEFICIOS
Muchas víctimas experimentan aislamiento, incomprensión y una profunda necesidad de información que el sistema de justicia tradicional no les proporciona. A través de la justicia restaurativa pueden obtener una reparación más significativa, recuperar el control sobre su vida y avanzar hacia el cierre de las heridas causadas por el delito. Al poner rostro al infractor —salvo en aquellos casos en que se opte por prácticas restaurativas que no impliquen un encuentro directo—, las víctimas pueden obtener respuestas a preguntas fundamentales, ser escuchadas y reconocidas. Esto genera una sensación de alivio y les permite canalizar la ira y otros sentimientos negativos de una manera que favorece la superación del trauma.
Los infractores, por su parte, reciben una verdadera oportunidad de cambio. Si desean asumir su responsabilidad, no se limitan a cumplir un castigo impuesto, sino que participan activamente en la reparación o mitigación del daño como expresión de arrepentimiento y compromiso. Dejan de ver a la víctima como un objeto anónimo y comienzan a reconocerla como una persona. Además, la justicia restaurativa les transmite un mensaje clave: no son definidos por su delito, sino reconocidos como personas que cometieron un error y pueden transformarse.
La comunidad también desempeña un papel esencial en este proceso, implicándose en la promoción de una mayor seguridad y cohesión social. Se fomenta una sociedad más madura y responsable, en la que crecen la solidaridad y la empatía hacia quienes han sufrido un delito. Y bajo la convicción de que toda persona merece una segunda oportunidad, el infractor que desea cambiar encuentra apoyo para hacerlo, beneficiando así al conjunto de la comunidad.
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